Resumen: Impugnación de ERTE por fuerza mayor. La resolución administrativa declara la extemporaneidad de la presentación del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución denegatoria de ERTE de la Dirección General de Trabajo. La AN desestima la demanda y declara ajustada a derecho la Resolución impugnada. En el presente caso, la notificación de la Resolución de la Dirección General de Trabajo se llevó a efecto el día 7 de abril de 2020 -según consta en el acuse de recibo de la notificación electrónica efectuada y como asimismo reconoce la empresa en su escrito de recurso-, finalizando el plazo el día 7 de mayo de 2020, por lo que al haberse presentado el recurso el día 13 de mayo de 2020 -como acredita el justificante del Registro Electrónico del Ministerio de Trabajo y Economía Social- queda patente la extemporaneidad de su presentación y, en consecuencia, al tratarse de un plazo perentorio e improrrogable, se estima correcta su inadmisibilidad, siendo por tanto firme la Resolución Administrativa.
Resumen: Se resume la Doctrina de los actos propios, ya que se alega que si bien el arrendador remitió comunicación denegando la prórroga, entienden que desoués existieron actos concluyentes que permitieron mantener el arrendamiento hasta que la arrendataria y sus hijos encontraran vivienda por estar en situación de vulnerabilidad, si bien el Tribunal valorando las pruebas considera que no ha quedado acreditado que realizara actos en sentido contrario a la denegación de prórroga, pues no lo es aceptar el pago de la renta y tampoco mantener conversaciones o una negociación, pues se exige acuerdo de voluntades y aquí no lo hubo, como lo demuestra la presentación de la demanda. Respecto de la situación de vulnerabilidad se establece que el derecho a la vivienda constitucionalmente protegido implica el mandato a los poderes públicos para que establezcan las condiciones necesarias y normas pertinentes para que todas las personas puedan disfrutar de ella, habiéndose dictado normas protectoras en este sentido y sin que la normativa sea contraria al texto constitucional ni a los tratados internacionales, no pudiendo los particulares ver limitado su derecho a recuperar la posesión de la vivienda dada en arrendamiento por ese motivo, pues se vulneraría su derecho de propiedad.
